La pretensión por parte de Japón de apoderarse de Dokdo mediante la 「Notificación N˚ 40 de la Prefectura de Shimane」 en 1905, se debió al valor estratégico de esta isla para desplegar sus tácticas militares en el Mar del Este durante la guerra contra Rusia iniciada en 1904, la cual estuvo motivada por las ambiciones imperialistas de dominar Manchuria y la península coreana.

Conforme a los registros históricos de Japón, un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores de este país promovió la incorporación de Dokdo al territorio japonés, alegando que “la construcción de una atalaya en Dokdo y la instalación de equipos de telegrafía inalámbrica o submarina, resultaría muy ventajoso para vigilar a las naves enemigas”. Asimismo, Nakai Yozaburo, quien solicitó la incorporación de Dokdo a Japón, era consciente de la pertenencia de la isla al territorio coreano, y un funcionario del Ministerio de Interior de Japón sostenía que “el apoderarnos de unas rocas (Dokdo) yermas consideradas como territorio coreano… y así suscitar sospechas de las pretensiones de Japón de dominar Corea resultaría más desventajas que ventajas.” Todo ello pone de manifiesto que el gobierno japonés tenía plena conciencia de que Dokdo pertenecía a Corea.

En aquel momento, Japón forzó al gobierno coreano firmar el “Protocolo Corea-Japón” en febrero de 1904, a fin de disponer del territorio coreano arbitrariamente para sus tácticas bélicas durante la Guerra Ruso-Japonesa. Asimismo, mediante el “Primer Tratado Corea-Japón” de agosto del mismo año, obligó a nombrar asesores de gobierno de nacionalidad japonesa y extranjera. En esta coyuntura, Dokdo fue el primer sacrificio de la usurpación gradual de la soberanía de Corea por parte de Japón.

De esta manera, la 「Notificación N˚ 40 de la Prefectura de Shimane」 fue una parte del proceso gradual de usurpación de la soberanía de Corea por parte de Japón y constituyó un acto ilegal que violó la soberanía territorial que Corea ha ejercido sobre Dokdo desde la antigüedad. Por lo tanto, dicha notificación es inválida de conformidad con el Derecho Internacional.